La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá hoy miércoles 13 de marzo el recurso de reclamación presentado por Mario Aburto Martínez, único detenido por el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Este recurso fue interpuesto contra la admisión de la impugnación que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó contra el amparo que le fue concedido, el cual lo tiene a punto de salir de la cárcel.
La ministra Ana Margarita Ríos Farjat presentará ante sus colegas de la Primera Sala, Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, un proyecto en el cual propone desechar el recurso de revisión de la Fiscalía General de la República contra el amparo otorgado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
Esto se debe a que no todos los fallos de un tribunal federal pueden ser revisados, ya que los análisis son excepcionales y requieren de ciertos requisitos, como la existencia de un tema de constitucionalidad.
Si el proyecto es aprobado, el fallo del Primer Tribunal Colegiado que anuló la condena de 45 años de cárcel impuesta a Mario Aburto Martínez en octubre de 2023 entrará en efecto de inmediato. Este tribunal ordenó que se dicte una nueva sentencia basada en el Código Penal de Baja California, el cual establecía una pena de 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso en el momento de los hechos.
Por lo tanto, Aburto Martínez podría recobrar su libertad el próximo 23 de marzo, coincidiendo con el trigésimo aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.
El tribunal colegiado otorgó a Aburto Martínez la protección de la justicia federal, basándose en la jurisprudencia existente desde 2010, que establece que en casos donde los jueces federales juzgan delitos del orden común relacionados con delitos federales, las normas penales aplicables son las de la entidad federativa donde ocurrió el delito.
Por lo tanto, Aburto Martínez debió ser sentenciado por su participación en el delito de homicidio calificado de acuerdo con el Código Penal de Baja California, que en ese momento (1994) establecía una pena máxima de 30 años de prisión.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) consideró que el recurso de revisión presentado por la FGR tenía como único propósito retrasar la ejecución de la sentencia de amparo. Por ello, insta a que la Primera Sala de la Corte declare fundada la reclamación interpuesta.
