La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará al Departamento de Justicia de Estados Unidos el envío de pruebas y documentación que sustenten las acusaciones por narcotráfico en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otras nueve personas presuntamente implicadas.
Durante una conferencia, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, informó que la solicitud estadounidense para detener y extraditar al mandatario estatal carece, hasta el momento, de elementos suficientes que justifiquen la urgencia de una detención provisional.
El funcionario explicó que el documento, recibido a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 28 de abril, fue analizado conforme a lo establecido en el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos. Sin embargo, subrayó que no se encontraron fundamentos claros, evidencia o motivos que permitan acreditar la necesidad inmediata de privar de la libertad al gobernador.
“La esencia de una medida cautelar como la detención provisional es evitar que la persona evada la acción de la justicia, pero para ello debe demostrarse plenamente la urgencia, lo cual no ocurre en este caso”, puntualizó.
Asimismo, la FGR indicó que la información enviada por autoridades estadounidenses tampoco acredita, hasta ahora, la presunta participación de Rocha Moya en una conspiración para proteger al Cártel de Sinaloa.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado dudas sobre la solidez de las pruebas presentadas por Estados Unidos. En días recientes, cuestionó públicamente el contenido de los documentos, señalando que uno de los supuestos elementos probatorios consistía en una simple anotación sin respaldo verificable.
La mandataria reiteró que su postura se basa en tres principios: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional. En ese sentido, afirmó que, en caso de que existan pruebas contundentes, las autoridades mexicanas deberán actuar conforme a derecho; de lo contrario, las acusaciones podrían interpretarse como un acto de presión política.
Sheinbaum también criticó la difusión pública del caso por parte del gobierno estadounidense, al considerar que se vulnera el principio de confidencialidad que rige los acuerdos internacionales en materia de cooperación judicial.
En medio de la controversia, el propio Rubén Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y aseguró que no solicitará licencia al cargo, confiando en que podrá desmentir los señalamientos en su contra conforme avance el proceso.
El caso ha generado tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, además de abrir un debate sobre los límites de la cooperación en materia de justicia y el respeto a la soberanía nacional.
