La Secretaría de Gobernación publicó el tercer informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, donde se detalla que este año se intensificaron las labores de búsqueda. El informe también señala que la sentencia emitida por un juez federal en Tamaulipas, que liberó a 65 presuntos responsables, ha obstaculizado el esclarecimiento de los hechos.
Según el documento, la sentencia del tribunal colegiado es considerada inconvencional, ya que anuló las declaraciones y testimonios de personas clave en los hechos al alegar que fueron obtenidos bajo tortura.
“La sentencia no solo liberó a los implicados en la desaparición, sino que también obstaculizó las posibilidades de obtener justicia y verdad, garantizando impunidad para los posibles responsables de uno de los crímenes más graves en la historia reciente de México”, señala el informe. Se argumenta que la anulación de las declaraciones se basó en casos de tortura confirmada solo en algunos procesados, lo que eliminó pruebas fundamentales que vinculaban a los imputados con la desaparición de los estudiantes.
El reporte también acusa al tribunal de haber excedido sus facultades al incluir aspectos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial que no formaban parte del proceso original, lo que permitió la liberación de los 65 acusados sin responsabilidad penal.
La Secretaría de Gobernación subraya que, al tratarse de una sentencia “definitiva e inatacable”, las personas liberadas no podrán ser juzgadas nuevamente con las mismas pruebas, a pesar de la existencia de indicios claros de su participación en la desaparición de los normalistas.
Otro obstáculo en la investigación es la extradición pendiente de personajes clave, como Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y Abraham Eslava Arvizu, ex funcionario de seguridad, ambos acusados de torturar a testigos importantes. Asimismo, se menciona la extradición del juez José Ulises Bernabé, a quien Estados Unidos otorgó asilo por persecución política, y que podría tener información crucial sobre lo sucedido a los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.
Avances en la investigación
En cuanto a los avances, el informe detalla que en el último año se detuvieron a 23 nuevos probables responsables, entre ellos ex policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, así como miembros del Ejército. Con estas detenciones, suman 151 personas actualmente en juicio por su participación directa o indirecta en la desaparición de los 43 normalistas.
La mayoría de los detenidos son ex elementos de seguridad: 48 policías municipales de Iguala, 16 de Huitzuco y dos de Cocula. También están en prisión 10 policías estatales, seis elementos de fuerzas federales y seis funcionarios ministeriales federales.
