Un magistrado federal de distrito en Boston, Nathaniel Gorton, emitió una orden cautelar que impide a la administración de Donald Trump despojar de sus permisos de trabajo a decenas de miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). La medida suspende la aplicación de las nuevas restricciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y se mantendrá vigente mientras se dicta una resolución a largo plazo, antes del 5 de agosto .
Demanda y argumentos legales
El dictamen judicial responde a una demanda promovida por la organización Democracy Forward, en representación de un conjunto de sindicatos y activistas. En el documento se acusa que el Gobierno federal aplicó de forma retroactiva e ilegal las disposiciones de la ley fiscal y de gasto aprobada en julio de 2025, lo que amenazaba con dejar sin autorización de empleo a partir de esta semana a miles de personas procedentes de países como El Salvador y Sudán, entre otros.
La demanda también argumentó que el USCIS violó la Ley de Procedimiento Administrativo al imponer estas normativas sin ofrecer previamente un periodo de notificación y consulta pública. Aunque el juez no suspendió el cobro de las nuevas tasas impuestas para tramitar las solicitudes de asilo, determinó explícitamente que la autoridad migratoria no podrá sancionar ni retirar las autorizaciones laborales a quienes no hayan realizado dicho pago mientras el caso continúe en litigio .
Impacto en los beneficiarios del TPS
La decisión judicial permite que miles de inmigrantes, particularmente salvadoreños y otros beneficiarios del TPS cuyos permisos expiran esta semana, puedan continuar laborando de manera legal mientras se resuelve el fondo del asunto . La medida representa un alivio temporal para las comunidades migrantes que enfrentaban la incertidumbre de perder su fuente de ingresos de manera inmediata.
La orden cautelar suspende las restricciones del USCIS, aunque no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad de la política migratoria. El caso continuará su curso legal en las próximas semanas, y se espera una resolución a largo plazo antes del 5 de agosto
