Una jueza federal emitió este viernes una orden judicial que exige al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) permitir el acceso a asesoría legal para los migrantes recluidos en el polémico centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”. La decisión de la jueza Sheri Polster Chappell representa una victoria para organizaciones civiles que han denunciado condiciones “inhumanas” y violaciones al debido proceso en esta instalación.
El centro “Alligator Alcatraz”, ubicado en una zona remota de los pantanos de los Everglades (al oeste de Miami) y rodeado de fauna salvaje como caimanes y serpientes, ha estado en funcionamiento desde julio de 2025. La demanda, interpuesta por la ACLU (Unión de Libertades Civiles Estadounidenses) y la organización Sanctuary of the South, argumentaba que a los detenidos se les impedía sistemáticamente comunicarse con abogados, lo cual vulnera sus derechos constitucionales.
Además del fallo judicial, la situación en el centro ha escalado al ámbito legislativo. Los senadores demócratas Jon Ossoff y Dick Durbin enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, exigiendo una investigación urgente ante acusaciones de tortura. Los reportes indican que los migrantes son castigados en pequeñas jaulas metálicas denominadas “la caja”, donde permanecen esposados bajo el sol abrasador sin agua ni alimento, violando estándares internacionales de derechos humanos.
La orden de la jueza obliga a las autoridades a publicar información clara sobre cómo los defensores legales pueden contactar a los internos. Activistas y defensores de los derechos de los migrantes señalaron que este es un primer paso crucial, pero mantienen su exigencia de que el sitio sea clausurado definitivamente, calificándolo como un emblema de los abusos en la política migratoria actual de los Estados Unidos.
