El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, se pronunció sobre los procesos de extradición entre México y los Estados Unidos, calificando como una “práctica común” el hecho de que las autoridades judiciales de ambos países soliciten información complementaria o elementos adicionales antes de cumplimentar la entrega de perfiles políticos o de alto interés.
Las declaraciones del funcionario federal buscan matizar los señalamientos sobre presuntas demoras por parte del Gobierno mexicano ante los requerimientos de la justicia estadounidense. Velasco Álvarez enfatizó que estos procedimientos están sujetos a los marcos legales de cada nación y a la revisión meticulosa de los expedientes para evitar vicios procesales.
Sin embargo, para dimensionar la complejidad del panorama bilateral, el canciller mexicano —en una intervención complementaria— contrastó la efectividad de los tratados de extradición vigentes de 2018 a la fecha. De acuerdo con los datos oficiales presentados por la Cancillería, mientras México atiende de manera regular los mandamientos internacionales, la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos hacia las peticiones mexicanas muestra un marcado rezago:
Solicitudes totales: Desde el año 2018, México ha solicitado formalmente a los Estados Unidos la extradición de 269 personas requeridas por jueces mexicanos.
Entregas concedidas: Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha entregado a ninguna de las personas incluidas en dicho listado.
Casos rechazados: De ese universo de peticiones, las autoridades norteamericanas ya han denegado y cerrado de forma definitiva 36 casos.
El titular de la política exterior mexicana subrayó con especial preocupación que dentro de este grupo de prófugos de la justicia que se encuentran en territorio estadounidense, y cuyas solicitudes de extradición siguen congeladas o han sido rechazadas, figuran exfuncionarios y personas clave directamente vinculadas a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El Gobierno de México reiteró que mantendrá los canales diplomáticos abiertos para exigir reciprocidad y avanzar en el combate a la impunidad en casos de alta prioridad nacional.
