El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otras siete personas fueron vinculados a proceso este jueves por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal. La resolución fue dictada por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, tras una audiencia que se extendió por más de 35 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México .
Los cargos y los imputados
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar las acusaciones. Los delitos imputados son delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos . Las autoridades señalan que los acusados formaban parte de una estructura que simulaba operaciones comerciales para introducir ilegalmente combustible desde Estados Unidos a México, evadiendo el pago de impuestos .
La jueza determinó la vinculación a proceso de los ocho imputados con distintos grados de participación. Para Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez se ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano” .
Para José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales se dictó prisión domiciliaria debido a problemas de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue internada en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Sur .
Investigación y antecedentes
La investigación de la FGR se centra en la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel ha reconocido ser accionista mayoritario . De acuerdo con las indagatorias, la red habría introducido al país más de 18 millones de litros de hidrocarburos mediante declaraciones falsas, utilizando al menos 11 empresas para simular operaciones comerciales .
El caso se relaciona con el aseguramiento de 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila, así como otros decomisos en Tamaulipas, que carecían de documentación legal .
La vinculación a proceso no constituye una sentencia de culpabilidad, sino que permite que la investigación continúe mientras los acusados enfrentan las medidas cautelares determinadas. El exgobernador promovió un juicio de amparo para impugnar su detención, alegando irregularidades en el procedimiento y falta de atención médica, recurso que fue admitido a trámite pero no ha modificado su situación procesal
