Santa Fe, Nuevo México. Las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump el día de su investidura y sus promesas de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados están condicionadas a la construcción de una infraestructura masiva de centros de detención. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno no ha proporcionado detalles precisos sobre cuántas camas serán necesarias ni cuál será el costo total para alcanzar los objetivos de detención.
Se estima que alrededor de 11.7 millones de personas viven sin la autorización correspondiente en Estados Unidos. Actualmente, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene capacidad para detener a unas 41,000 personas, pero con la ampliación de los planes de deportación, sería necesario crear espacio adicional para retener a miles más mientras se procesan sus casos.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el costo diario de detención por cada adulto es de aproximadamente 165 dólares. Solo una de las leyes impulsadas por Trump, conocida como la Ley Laken Riley, podría requerir un presupuesto de al menos 26,900 millones de dólares para expandir la capacidad de los centros de detención en 110,000 camas adicionales. Esta ley, que lleva el nombre de una víctima de violencia, amplía los requisitos de detención de inmigrantes acusados de crímenes violentos y robo.
El impacto de la infraestructura de detención en la política migratoria
Aparte de los planes para aumentar la capacidad de detención, la administración de Trump también ha implementado políticas que presionan aún más la infraestructura existente. Una de las medidas más controvertidas es la prohibición de la práctica de “captura y liberación”, que permitía a algunos migrantes permanecer en el país mientras su proceso judicial avanzaba. Con esta prohibición, la administración prioriza la detención y deportación de migrantes, lo que ha incrementado la demanda de espacios para mantener a los detenidos.
El ICE ha recurrido a centros de procesamiento y a instalaciones privadas de detención, así como a cárceles locales mediante acuerdos con gobiernos estatales y municipales. Sin embargo, actualmente no existen instalaciones específicas para la detención de familias, que representan cerca de un tercio de las llegadas por la frontera sur.
Desafíos y críticas a la expansión de la detención migratoria
El exdirector interino del ICE, John Sandweg, advirtió sobre las limitaciones en la capacidad actual del sistema de detención, señalando que existen pocas instalaciones disponibles y que, para un aumento significativo de la capacidad, sería necesaria la construcción de nuevas instalaciones. La falta de espacio adecuado ha generado preocupaciones sobre las condiciones de detención, especialmente en centros operados por empresas privadas, que no siempre cumplen con los estándares federales de seguridad y atención. Un informe del inspector general del DHS reveló que las instalaciones de detención supervisadas por ICE no han logrado cumplir con los requisitos de atención mínima, lo que ha comprometido la seguridad tanto de los detenidos como del personal.
Uso de bases militares para detenciones
Durante el primer mandato de Trump, se autorizó el uso de bases militares para albergar a menores no acompañados, una medida que también fue empleada por la administración de Barack Obama en 2014, ante la creciente cantidad de familias centroamericanas detenidas en la frontera. Las bases militares, como las ubicadas en Fort Bliss (Texas) y Goodfellow (Base de la Fuerza Aérea), han sido utilizadas desde la década de 1970 para albergar a personas en situación de emergencia, como los refugiados de Vietnam, Cuba, Haití, Kosovo y Afganistán.
Los defensores de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por la creación de un sistema de detención aún más grande, advirtiendo sobre el riesgo de un estado policial hipermilitarizado. Con el plan de expansión de Trump, Estados Unidos podría enfrentar el mayor sistema de detención de migrantes del mundo, lo que pone en cuestión tanto las condiciones de los detenidos como el impacto en las comunidades locales.
En resumen, el ambicioso plan de Trump para deportaciones masivas dependerá en gran medida de la creación de una extensa infraestructura de detención, lo que plantea serias preocupaciones sobre el costo, las condiciones de los centros de detención y las implicaciones para los derechos humanos de los migrantes.
