Con el respaldo de Morena y sus aliados, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley del Infonavit, que busca mejorar el acceso a viviendas dignas y asequibles, especialmente para los trabajadores de menores ingresos. Esta legislación, que ha sido debatida durante casi seis horas, recibió la aprobación de la mayoría con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, y ahora será turnada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.
La reforma, que regresa al Senado tras ser modificada en la Cámara de Diputados, fue respaldada por la bancada de la 4T, mientras que la oposición, compuesta principalmente por PRI y PAN, se mostró en contra, argumentando que la medida representa un intento del gobierno federal por apropiarse de los recursos del Infonavit, que ascienden a 2.5 billones de pesos. Durante el debate, senadores de la oposición acusaron al gobierno de buscar “robarse” esos fondos.
En respuesta, la senadora morenista Judith Díaz, acompañada de otros legisladores de su partido, subió a la tribuna con pancartas que denunciaban la corrupción de gobiernos pasados, señalando que el Infonavit había sido mal administrado por administraciones anteriores. Uno de los carteles hacía referencia a un supuesto desvío de mil millones de pesos hacia el ex presidente Felipe Calderón.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma fue la creación de una empresa filial del Infonavit encargada de la construcción de viviendas, tanto para renta como para adquisición, específicamente para trabajadores que ganan menos de tres salarios mínimos. Esta medida fue rechazada por la oposición, que la calificó de “un atraco” a los derechos de los trabajadores.
Durante el intercambio de opiniones, el senador Alejandro Murat defendió la creación de esta nueva estructura corporativa, subrayando que el Infonavit contará con un gobierno corporativo que pondrá freno a las malas prácticas de los sectores obrero y empresarial que, según él, permitieron la corrupción en el manejo de los recursos de los trabajadores.
Por su parte, Guadalupe Chavira, también de Morena, explicó que a la filial del Infonavit solo se destinaría el 0.55% de los gastos de operación, dinero que anteriormente se usaba para pagar altos emolumentos a representantes sindicales y patronales. Además, Alfonso Cepeda, líder del SNTE, expresó su apoyo a la reforma, argumentando que esta beneficiará a la clase trabajadora, pues evitará que los trabajadores se endeuden con créditos impagables.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, destacó que la reforma regula por primera vez el arrendamiento social en México, un avance significativo en la legislación de vivienda en el país.
Entre los principales cambios aprobados por el Senado se encuentran: la creación de una supervisión más estricta de las operaciones del Infonavit por parte de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); la inclusión de la dirección general del Infonavit con voz y voto en los órganos colegiados, y la obligación de asegurar la transparencia en la administración del fondo de inversión.
La reforma también establece que los créditos y ahorros de los trabajadores serán intocables y se garantizará la restitución de recursos a las personas afectadas por proyectos incumplidos.
Finalmente, todas las reservas presentadas por la oposición fueron desechadas por el grupo mayoritario, lo que permitió que la reforma avanzara rápidamente hacia su promulgación.
