WASHINGTON (AP) – El gobierno de Donald Trump ha revocado una política que durante más de una década limitó las operaciones de las agencias migratorias en lugares considerados “delicados”, como iglesias, escuelas y hospitales. Esta nueva medida, anunciada el martes por el Departamento de Seguridad Nacional, permite a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizar arrestos en estos espacios, una de las promesas clave de Trump durante su campaña electoral.
La directriz revocada, que databa de 2011 en el caso del ICE y de 2013 en el de la CBP, había establecido restricciones sobre las acciones policiales en estos lugares, a menos que existieran excepciones relacionadas con amenazas a la seguridad nacional. Con el cambio, el gobierno de Trump busca fortalecer la aplicación de las leyes migratorias y poner el foco en la captura de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, como asesinos y violadores.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, indicó que la medida otorga más libertad a las autoridades para hacer cumplir las leyes de inmigración sin la necesidad de restricciones previas. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional subrayó que “los criminales ya no podrán esconderse en escuelas e iglesias para evitar ser arrestados”.
Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes. Activistas aseguran que el permitir arrestos en estos lugares podría disuadir a las familias inmigrantes de acceder a servicios esenciales, como atención médica, y afectar el acceso de los niños a la educación. Olivia Golden, directora ejecutiva interina del Centro para la Ley y la Política Social, advirtió que la presencia de ICE en estos espacios podría tener efectos devastadores, especialmente en los hijos de inmigrantes, incluidos aquellos que son ciudadanos estadounidenses.
En respuesta, algunas comunidades han comenzado a prepararse para el cambio en la política. En California, por ejemplo, las autoridades escolares han emitido guías para proteger a los estudiantes inmigrantes, recordando que las leyes estatales limitan la participación local en la aplicación de las leyes migratorias. El Distrito Escolar Unificado de Fresno, uno de los más grandes del estado, señaló que no permitirá la entrada de agentes de ICE en sus escuelas sin una orden judicial válida.
En Chicago, la Junta de Educación aprobó una resolución que refuerza el compromiso de las escuelas de no colaborar con ICE en la aplicación de leyes migratorias, y de impedir la entrada de agentes sin una orden judicial.
El cambio también afecta a las iglesias, que durante años han sido refugios para migrantes que temen la deportación. El reverendo K. Karper, de la Iglesia Metodista Unida de San Pablo y San Andrés en Nueva York, señaló que su iglesia ha sido un lugar seguro para inmigrantes y que seguirá rechazando la presencia de ICE sin una orden judicial. “Le vamos a dejar claro a cualquiera que se sienta amenazado que tiene derechos. En este país todavía hay un estado de derecho”, aseguró Karper.
La nueva política, que está alineada con la postura de Trump sobre la inmigración, refleja un giro hacia una aplicación más estricta de las leyes migratorias, a pesar de las preocupaciones sobre el impacto en las comunidades vulnerables. Los defensores de los derechos civiles continúan luchando contra estas medidas, advirtiendo sobre sus consecuencias para las familias inmigrantes y la cohesión social en el país.
