Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, fue detenido por autoridades estadounidenses el pasado lunes 11 de mayo de 2026 en el estado de Arizona. El exfuncionario, de 66 años, es uno de los diez perfiles sinaloenses señalados por la Justicia de Estados Unidos en una acusación formal revelada a finales de abril, que incluye al gobernador con licencia por presuntos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con registros judiciales desclasificados este jueves, Mérida Sánchez compareció ante un juez federal en Tucson el martes y actualmente se encuentra en proceso de traslado hacia el Distrito Sur de Nueva York, bajo la custodia del Servicio de Marshals (US Marshals). La Fiscalía de Manhattan lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos, así como de posesión y conspiración para el uso de ametralladoras y artefactos explosivos. Las investigaciones señalan que presuntamente recibió sobornos mensuales de 100 mil dólares por parte de la facción de “Los Chapitos” a cambio de facilitar sus operaciones.
La captura del exmando policial ocurrió a pesar de que el pasado 7 de mayo un juzgado federal en Michoacán le había concedido un amparo para frenar cualquier intento de detención o extradición en territorio mexicano. Versiones periodísticas indican que Mérida Sánchez no habría sido arrestado por la fuerza, sino que se habría entregado de manera voluntaria a las autoridades en la frontera, una acción que precedió a su presentación formal ante los tribunales estadounidenses para enfrentar cargos que podrían derivar en una sentencia mínima de 40 años o cadena perpetua.
Mérida Sánchez, quien renunció a su cargo en Sinaloa en diciembre de 2024, cuenta con una trayectoria militar que incluye el mando de la 25 Zona Militar en Puebla y la 21 Zona Militar en Michoacán. Tras su arresto, se espera que este viernes 15 de mayo se lleve a cabo su primera audiencia sustantiva en una corte federal de Nueva York. Por su parte, el gobierno de Sinaloa y la oficina de la presidencia de la República no han emitido un posicionamiento detallado, mientras el gobernador Rubén Rocha Moya se mantiene con licencia al cargo tras las acusaciones internacionales.
