El presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís, alertó a los productores del Mercado de Las Flores, ubicado en Santa Ana Xalmimilulco, sobre un posible fraude que podría superar los 84 millones de pesos, debido a que los terrenos que ocupan no cuentan con certeza jurídica. Según explicó, el predio carece de permisos de uso de suelo, licencias de funcionamiento, estudio de impacto ambiental y otros requisitos legales fundamentales.
Durante una transmisión en vivo, Solís expuso una serie de irregularidades en la operación del centro de abasto, señalando que los líderes del proyecto han vendido espacios de 3×2 metros hasta en 100 mil pesos, sin contar con facultades legales ni documentos que respalden la propiedad del terreno, el cual es de uso ejidal y no ha sido regularizado.
“Les están vendiendo algo que no les pertenece. No hay asambleas ejidales que avalen estas acciones, ni permisos de la Procuraduría Agraria ni del Registro Agrario Nacional (RAN). Esto podría convertirse en una gran estafa contra el campo”, advirtió el edil.
Un mercado sin sustento legal
El alcalde explicó que el mercado ha sido inaugurado al menos tres veces, la primera el 3 de diciembre de 2023, sin notificar al Ayuntamiento ni cumplir con la normativa agraria. En abril de 2024, solicitaron el alineamiento y número oficial, trámite que fue aprobado por la anterior administración sin documentación ni pagos registrados.
Posteriormente, el 7 de octubre de 2024, los promotores del mercado solicitaron el cambio de uso de suelo de agrícola a mixto, reconociendo que el terreno aún estaba clasificado como agrícola. Sin embargo, tres días después, el Cabildo aprobó dicho cambio, a pesar de que esta atribución recae en la Secretaría de Medio Ambiente estatal.
“En menos de 24 horas hicieron un supuesto estudio, sesionaron y aprobaron el cambio como si fueran especialistas. Esa decisión es ilegal y precipitada. Además, el plan de desarrollo urbano vigente es de 2011-2014 y no contempla dicho cambio”, puntualizó Solís.
Además, el edil denunció que parte del mercado se encuentra construido sobre terrenos propiedad del Gobierno del Estado. Mostró fotografías y documentos que evidencian que una de las naves comerciales está edificada fuera del área ejidal.
“Si pagó por un local, pregúntese: ¿qué ocurrirá si el Estado reclama su propiedad? No hay respaldo legal, no existen escrituras ni certeza jurídica”, enfatizó.
Sin impacto ambiental ni claves catastrales
El proyecto, según el edil, no cuenta con un Manifiesto de Impacto Ambiental, lo cual podría llevar a su clausura. Al estar sobre tierra ejidal, tampoco posee clave catastral, registro predial o propiedad privada acreditada, por lo que el Ayuntamiento no puede emitir licencias ni brindar servicios municipales.
“Nos piden permisos, pero no presentan pruebas de propiedad. El terreno sigue siendo ejido y no hay ninguna asamblea que respalde lo que están haciendo”, reiteró.
Solís aseguró que su administración no busca perjudicar a los productores, sino protegerlos de posibles abusos. “No se trata de política, se trata de legalidad. Queremos evitar que sean víctimas de una estafa”, expresó.
Finalmente, denunció la existencia de una red local con intereses políticos y económicos que ha convertido el proyecto en un negocio personal. Se estima que, con más de 1,300 espacios supuestamente vendidos, se han recaudado más de 84 millones de pesos sin ningún respaldo jurídico.
“Si ya pagaron, exijan sus documentos. No permitan que los engañen. Y si quieren manifestarse, están en su derecho, pero nosotros no vamos a avalar actos ilegales”, concluyó.
