El gobierno federal trasladó a Estados Unidos a 26 personas privadas de la libertad que, pese a estar recluidas en penales mexicanos, continuaban dirigiendo actividades delictivas desde prisión. Así lo confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien explicó que los reos aprovechaban visitas para coordinar operaciones criminales y amenazar a funcionarios.
“Estas interacciones permitían mantener redes delictivas, ejercer intimidación y representar un riesgo para la seguridad”, declaró en conferencia de prensa.
De acuerdo con el funcionario, varios de estos individuos también impulsaban recursos legales para ser trasladados a centros penitenciarios de menor seguridad, lo que incrementaba el riesgo de fuga o de ampliación de sus estructuras delictivas.
García Harfuch afirmó que la extradición se realizó como una decisión soberana del Estado mexicano, en el marco de la estrategia nacional contra la impunidad y la extorsión. Señaló que los detenidos tienen procesos abiertos en Estados Unidos, y que su traslado beneficia directamente a las víctimas de delitos como homicidio y extorsión.
“El objetivo es que ya no sigan operando desde nuestro territorio”, subrayó.
En el operativo participaron 988 elementos del Gabinete de Seguridad, con el apoyo de 90 vehículos y 12 aeronaves pertenecientes a la SEDENA, SEMAR, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana.
Por su parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero aclaró que no hubo ningún tipo de negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a esta acción conjunta.
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