Luego del traslado de Javier López Zavala al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, la familia de Cecilia Monzón y la Fiscalía General del Estado interpusieron una apelación parcial contra la sentencia de 60 años de prisión dictada el 31 de diciembre.
Helena Monzón, hermana de la activista, explicó que el recurso no cuestiona la culpabilidad ni la pena impuesta, sino que tiene un carácter técnico y busca que se incluyan en la condena ciertos conceptos de reparación del daño que el Tribunal de Enjuiciamiento dejó fuera.
Mientras la parte acusadora insiste en una reparación integral, las defensas de López Zavala, así como de Jair N. y Silvestre N., también promovieron apelaciones, aunque con el objetivo de revertir la condena y obtener la absolución por feminicidio. Frente a ello, la familia Monzón ya presentó las respuestas legales correspondientes, confiando en que el expediente —de más de dos mil páginas— respalde la sanción máxima para los tres responsables.
Sobre el operativo realizado durante la madrugada para trasladar al ex secretario de Gobernación, Helena Monzón consideró acertada la decisión de sacarlo del penal de San Miguel, donde, dijo, existían señalamientos sobre presuntos privilegios.
También informó que fue sobreseído el amparo promovido por la defensa de López Zavala en el proceso por violencia familiar, el cual calificó como una estrategia dilatoria. Detalló que la apelación conjunta con la FGE se limita exclusivamente al tema de los daños.
Durante el juicio oral, la defensa utilizó recursos legales para evitar su salida de San Miguel; sin embargo, con la sentencia firme ya no había sustento para que permaneciera en un penal estatal. López Zavala ya había estado recluido en el Altiplano al inicio de su detención en 2022, y fue trasladado a Puebla solo para el desarrollo de audiencias.
Con la condena establecida, autoridades penitenciarias concretaron su reingreso al centro federal, donde comenzará a cumplir la pena de seis décadas de prisión. Helena Monzón subrayó que la sentencia por feminicidio se mantiene sólida y que esta apelación técnica no pone en riesgo la responsabilidad penal del ex funcionario como autor intelectual del crimen.
