En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), un análisis de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que 348 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Puebla entre 2015 y 2025.
Esta cifra representa el 11.4 % de las 3,061 muertes violentas de mujeres registradas en dicho periodo, evidenciando una tragedia estructural que ha marcado la agenda pública de la entidad.
La estadística oficial, que comenzó a contabilizarse en 2015 con 9 casos, registró una escalada alarmante que alcanzó su punto máximo en 2019 con 57 feminicidios.
Fue precisamente en abril de ese año cuando se activó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 50 municipios, tras casos que conmocionaron a la sociedad como el de Mara Castilla (2017) y el triple feminicidio de Nancy y sus hijas Ana Paulina y Zoé (2019).
En cuanto a los métodos utilizados, los datos muestran una violencia diversa:
Armas blancas: 93 casos (26.7%).
Armas de fuego: 69 casos (19.8%).
Otros elementos (golpes, asfixia): 184 casos (52.8%).
La historia del feminicidio en Puebla no se entiende sin nombres como el de Karla López Albert (2014), cuyo agresor recibió sentencia siete años después, o Cecilia Monzón (2022).
El caso de la abogada y activista marcó un hito jurídico que culminó apenas en diciembre de 2025, cuando el autor intelectual, el político Javier López Zavala, fue sentenciado a la pena máxima de 60 años de prisión tras un juicio de más de 80 audiencias.
Al cierre de 2025, el estado reportó una reducción significativa del 40.4%, pasando de 42 casos el año anterior a 25 feminicidios.
El gobernador Alejandro Armenta Mier ha atribuido este descenso a la implementación de las Casas Carmen Serdán, 19 espacios de atención integral distribuidos en el estado que ofrecen refugio, asistencia legal y psicológica en coordinación con la FGE.
Pese a esta tendencia a la baja, el Gobierno de Puebla ha confirmado que no solicitará la desactivación de la Alerta de Violencia de Género.
La administración estatal sostiene que, mientras existan muertes violentas por razón de género, la prioridad será fortalecer las medidas de prevención y justicia.
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