El conflicto armado en la Franja de Gaza, señalado por diversos gobiernos y organizaciones de derechos humanos como un posible “genocidio”, ha generado nuevas medidas de presión internacional contra Israel. Una de las más recientes apunta al ámbito deportivo: la posible suspensión de la selección de futbol israelí de las competiciones de la FIFA y la UEFA.
Hace unos días, un grupo de expertos de la ONU, entre ellos la relatora especial para Palestina, Francesca Albanese, emitió un comunicado solicitando que ambos organismos excluyan a Israel de las justas internacionales.
Argumentos de la petición
Los expertos señalaron que los países sede de organizaciones internacionales, así como aquellos que albergan o participan en torneos con Israel, “deben asumir su responsabilidad y no permanecer neutrales ante el genocidio”.
En su pronunciamiento, enfatizaron:
• “El deporte debe rechazar la percepción de que todo sigue igual”.
• “Los organismos deportivos no deben ignorar violaciones graves a los derechos humanos, especialmente cuando se usan sus plataformas para normalizar injusticias”.
Aclararon que el boicot debe dirigirse hacia la selección israelí y no contra sus futbolistas a título personal, pero subrayaron que los equipos nacionales implicados en violaciones sistemáticas de derechos humanos “pueden y deben ser suspendidos”.
Decisión pendiente de la UEFA
De acuerdo con el diario The Times, la UEFA se reunirá la próxima semana para discutir el tema, y la mayoría de los miembros de su comité ejecutivo estaría a favor de la suspensión.
Reconocimiento internacional a Palestina
Estas presiones se suman a las recientes decisiones diplomáticas de países como Reino Unido, Portugal, Australia y Canadá, que reconocieron oficialmente al Estado palestino, con el objetivo de forzar a Israel a detener su ofensiva militar.
En la víspera de la Asamblea General de la ONU de este lunes, Francia también se sumó al reconocimiento, seguido por naciones como Bélgica y Malta, aunque con fuertes críticas de Estados Unidos.
Por su parte, España adoptó medidas adicionales como el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada a puertos españoles de barcos que transporten combustible para el ejército israelí.
