En un giro que reconfigura el panorama del comercio internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel base del 10% a todas las importaciones que ingresen al país, medida que se suma a los gravámenes ya existentes.
El anuncio se produjo horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera un fallo adverso para la Casa Blanca. En una votación de 6-3, el máximo tribunal determinó que el presidente no tiene autoridad para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. El presidente del tribunal, John Roberts, señaló que dicha legislación “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.
La decisión invalidó una serie de gravámenes “recíprocos” que formaban parte central de la agenda comercial de Trump, incluidos los dirigidos a China, Canadá y México, y abrió interrogantes sobre el destino de los recursos recaudados bajo ese esquema.
En respuesta, la administración activó una nueva vía legal. La orden ejecutiva se sustenta en la Ley de Comercio de 1974, específicamente en su Sección 122, que permite imponer aranceles de hasta 15% por un periodo de 150 días para enfrentar déficits comerciales considerados perjudiciales.
El nuevo arancel del 10% será de carácter global y se aplicará a todos los socios comerciales de Estados Unidos, además de mantenerse vigentes los aranceles de seguridad nacional, como los relacionados con acero y aluminio.
Desde la Casa Blanca, Trump defendió la medida con un mensaje desafiante, al asegurar que su administración “contraataca con todo” y que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense. También adelantó nuevas investigaciones sobre prácticas comerciales que considera desleales.
El fallo judicial y la inmediata reacción del Ejecutivo anticipan un escenario de tensión legal y económica. Especialistas prevén litigios por los aranceles previamente cobrados y posibles represalias comerciales por parte de otros países.
Con esta decisión, el gobierno estadounidense abre un nuevo capítulo en su estrategia comercial, mientras crece la incertidumbre sobre el impacto en consumidores, empresas y relaciones diplomáticas a nivel global.
