En entrevista con Iván Mercado, Umi Choda Morales, directora del Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI), advirtió que la regulación del uso de dispositivos móviles y redes sociales en niñas, niños y adolescentes debe construirse con responsabilidad, ya que una prohibición sin alternativas no sería viable ni efectiva.
La especialista explicó que, aunque existe preocupación por el acceso temprano a la tecnología dentro y fuera de las escuelas, la solución no pasa por restringir de forma absoluta el uso de celulares o internet. Señaló que, en muchos casos, estos dispositivos representan una herramienta necesaria para la comunicación familiar, especialmente en contextos donde los padres no pueden acompañar físicamente a sus hijos.
“Si se plantea una regulación, debe hacerse de manera realista y sin generar una carga adicional a las familias. No se puede prohibir sin ofrecer opciones o sin considerar las condiciones sociales de cada hogar”, subrayó.
Choda Morales enfatizó que el verdadero reto, tanto a nivel nacional como en Puebla, es construir un marco legal que no solo limite, sino que también promueva un uso responsable de la tecnología. En ese sentido, consideró fundamental que cualquier iniciativa legislativa vaya acompañada de estrategias educativas.
Destacó la necesidad de impulsar una educación digital integral, dirigida tanto a estudiantes como a padres de familia, que permita comprender los riesgos del entorno digital y fomentar un acompañamiento consciente en el uso de dispositivos.
Asimismo, recordó que durante la pandemia el acceso a la tecnología fue clave para garantizar la continuidad educativa, lo que evidencia que los dispositivos no pueden ser eliminados, sino mejor gestionados.
Sobre conceptos como la llamada “demencia digital”, relacionada con posibles afectaciones cognitivas por el uso excesivo de tecnología, la especialista señaló que es importante analizar estos fenómenos con base en evidencia científica y desde un enfoque preventivo.
Finalmente, hizo un llamado a que las decisiones en esta materia no se tomen de forma aislada, sino con la participación de expertos, autoridades educativas y familias, a fin de generar políticas públicas efectivas que protejan la salud mental de las nuevas generaciones sin limitar su desarrollo en un entorno cada vez más digital.
