En entrevista con Iván Mercado, José Luis Hernández González, encargado de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que las recientes amenazas detectadas en escuelas del estado están siendo atendidas con la “mayor seriedad”, activando protocolos de seguridad y coordinación interinstitucional.
El funcionario explicó que, aunque hasta el momento no se ha confirmado un riesgo real, estos mensajes no pueden minimizarse, por lo que la instrucción directa de la fiscalía es prevenir cualquier posible afectación. Esto ha derivado en la suspensión de clases en algunos planteles y en operativos conjuntos con autoridades de los tres niveles de gobierno.
Hernández González detalló que las investigaciones se inician de oficio, es decir, no es necesario que exista una denuncia formal. Basta con que la autoridad tenga conocimiento —ya sea por redes sociales o reportes— para comenzar con los actos de investigación correspondientes.
Indicó que se han abierto carpetas de investigación específicas por cada caso detectado, y que se trabaja en coordinación con áreas especializadas, incluyendo la Fiscalía de Derechos Humanos, para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, subrayó que cuando los presuntos responsables son menores de edad, se aplican protocolos especiales que priorizan su integridad, incluyendo la intervención de psicólogos, trabajadores sociales y personal jurídico. No obstante, advirtió que los menores no quedan exentos de responsabilidad.
“Si se comprueba su participación, se aplica el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que contempla medidas que van desde amonestaciones hasta internamiento, dependiendo de la gravedad”, explicó.
El funcionario también enfatizó la corresponsabilidad de los padres de familia, quienes deben garantizar la comparecencia de sus hijos y participar en su proceso de reintegración en caso de que se determine alguna responsabilidad.
Finalmente, reiteró que este tipo de situaciones no deben considerarse como juegos o bromas, ya que representan un riesgo potencial para la comunidad escolar y el orden público, por lo que la Fiscalía continuará con las investigaciones y el seguimiento puntual de cada caso.
