En medio de las crecientes fricciones geopolíticas y militares con las fuerzas navales de Occidente, el Gobierno de Irán anunció una reconfiguración en la estrategia de control sobre una de las arterias marítimas más importantes del mundo. Teherán descartó la imposición de un peaje directo o arancel de tránsito a los buques de carga que cruzan el Estrecho de Ormuz, optando en su lugar por un esquema de cobros justificado en “servicios marítimos” y medidas de “protección ambiental”.
De acuerdo con informes de inteligencia comercial y reportes especializados difundidos por la plataforma de análisis militar Clash Report, el nuevo marco de recaudación y supervisión se aplicará de manera obligatoria a todas las embarcaciones comerciales que naveguen tanto por las aguas del Golfo Pérsico como por las del Golfo de Omán.
Ajuste legal para evitar sanciones internacionales
Analistas en derecho marítimo internacional señalan que la decisión de la administración iraní de no llamarlo “peaje” responde a una estrategia para no violar de forma flagrante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), la cual garantiza el derecho de “paso inocente” a través de estrechos internacionales:
La justificación ecológica: Al etiquetar los cobros bajo el concepto de tasas por contingencias ambientales, mantenimiento de canales de navegación y servicios de remolque o asistencia, Irán busca un vacío legal que obligue a las navieras internacionales a pagar sin que sus países de origen puedan denunciar un bloqueo comercial.
Zona de aplicación: Los cobros afectarán principalmente a los grandes buques cisterna (superpetroleros) que transportan aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo crudo proveniente de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak.
Alerta en el mercado energético y de seguros navieros
La medida ha encendido las alarmas en los mercados financieros de Londres y Singapur, sedes de las principales firmas de seguros marítimos. Se teme que este mecanismo sea utilizado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como un instrumento de presión política, permitiéndoles detener, inspeccionar o retrasar legalmente a los barcos bajo el argumento de auditorías ecológicas o revisiones de seguridad en caso de que las tripulaciones se nieguen a liquidar las nuevas tarifas
