El estado de Nueva York aprobó un endurecimiento drástico a las restricciones operativas impuestas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), prohibiendo de manera legal que los agentes federales ejecuten arrestos o redadas migratorias en espacios considerados “sensibles” si no cuentan con una orden firmada por un juez estatal o federal.
La medida busca blindar los derechos civiles de la población indocumentada y garantizar que el acceso a la educación, la salud y la libertad de culto se mantenga al margen de las políticas de deportación.
Freno a los abusos en zonas sensibles
Durante un acto oficial en el que estuvo acompañada por líderes religiosos, activistas comunitarios y familias que han sido fragmentadas por procesos de deportación, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lanzó un enérgico posicionamiento en contra de las tácticas utilizadas por las agencias federales de migración.
La mandataria estatal acusó formalmente al ICE de incurrir en prácticas de hostigamiento e intimidación que vulneran la paz social:
- Espacios protegidos: La nueva normativa restringe las detenciones en escuelas de todos los niveles, templos, iglesias, hospitales, clínicas médicas y centros comunitarios.
- Requisito obligatorio: Para ingresar a estos recintos, los agentes migratorios deberán presentar de forma obligatoria una orden judicial penal expedida por un tribunal, invalidando las órdenes administrativas internas que solía emitir la propia agencia.
“No permitiremos que continúe este abuso de poder en nuestras calles y comunidades”, afirmó tajante la gobernadora Hochul, tras firmar el decreto que limita la cooperación de las fuerzas del orden locales con las autoridades migratorias.
El blindaje legal: Activistas a favor de los derechos de los migrantes celebraron la legislación, argumentando que el temor a las redadas provocaba que miles de familias evitaran enviar a sus hijos a los colegios o acudir a revisiones médicas de emergencia. Nueva York se consolida así en la ruta de los estados santuario, anticipando una batalla legal con los departamentos de justicia a nivel federal por la jurisdicción de las políticas de seguridad nacional.
