El Gobierno de Brasil criticó formalmente la decisión de la administración de los Estados Unidos de designar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) —las dos mayores estructuras del narcotráfico en el país sudamericano— como organizaciones terroristas extranjeras.
La medida fue anunciada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien argumentó que la influencia transnacional y las redes ilícitas de ambas facciones se extienden mucho más allá de las fronteras brasileñas, alcanzando incluso territorio estadounidense. La clasificación abre las puertas para la aplicación de sanciones económicas y el congelamiento de activos financieros internacionales de forma severa.
Soberanía y temor a una “intervención”
El Palacio del Planalto y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil expresaron su inconformidad con la medida, por considerarla una injerencia política que genera confusión y resulta contraproducente para los esfuerzos multilaterales conjuntos que ya existen para el combate a las redes del crimen organizado.
Las principales reservas del Ejecutivo brasileño frente al anuncio se enfocan en los siguientes puntos:
- Pretexto para intervenciones: El asesor especial para Asuntos Internacionales de la Presidencia, Celso Amorim, alertó que este tipo de etiquetados unilaterales puede servir como un “pretexto inaceptable para intervenciones” externas en la seguridad interna de los países.
- Cooperación sí, sanciones no: El gobierno brasileño reforzó que la cooperación internacional es bienvenida para combatir delitos como el lavado de dinero o el tráfico de armas, pero advirtió que la clasificación del Departamento de Estado podría exponer a los bancos locales que operan con remesas a sanciones financieras indirectas.
Escrutinio político en Brasilia: En los círculos políticos del país sudamericano, la decisión fue interpretada por la administración de Luiz Inácio Lula da Silva como una acción con tintes políticos, luego de una serie de reuniones que congresistas de la oposición brasileña mantuvieron con funcionarios en Washington. Mientras que la oposición celebró la medida como una herramienta eficaz para asfixiar las finanzas de los líderes criminales, el Ejecutivo insistió en que la seguridad pública nacional debe gestionarse de forma soberana y sin presiones diplomáticas externas.
