Tras aprobar la reforma del Poder Judicial y enviar la minuta al Senado, la Cámara de Diputados avanza en la modificación del artículo 2º de la Constitución Política para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, parte del Plan C impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta propuesta, presentada por el Ejecutivo el 5 de febrero, tiene como objetivo otorgar a estas comunidades personalidad jurídica y patrimonio propio, además de garantizar el respeto a sus derechos humanos. El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien preside la Mesa Directiva, anunció la iniciativa en lugar de Ifigenia Martínez.
El documento subraya que la nación mexicana es multiétnica, y establece que las autoridades comunitarias ejercerán la jurisdicción indígena de acuerdo con sus sistemas normativos, siempre respetando el marco constitucional y legal vigente.
La reforma también faculta a las comunidades indígenas a participar en la creación de modelos educativos basados en sus culturas, lenguas y métodos, según lo estipulado en el artículo 3º constitucional. Asimismo, promueve el derecho a desarrollar y fomentar la medicina tradicional y la partería en el cuidado del embarazo, parto y puerperio.
Además, se garantiza a los indígenas el derecho a recibir asistencia de intérpretes, defensores y peritos especializados en derechos indígenas, pluralismo jurídico y diversidad cultural y lingüística. La reforma también protege el derecho al desarrollo integral de las comunidades indígenas, respetando sus formas de organización económica, social y cultural, así como el medio ambiente y los recursos naturales. Establece, además, el derecho a ser consultados en decisiones legislativas o administrativas que les afecten significativamente.
Los pueblos afromexicanos también son reconocidos como sujetos de derecho público, con protección para su identidad cultural, modos de vida y patrimonio, además de su inclusión en registros y estadísticas oficiales mediante procedimientos de autoadscripción.
La reforma garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar en igualdad de condiciones en los procesos de desarrollo de sus comunidades, incluyendo la toma de decisiones públicas, así como el acceso a la educación, salud y propiedad.
La sesión terminó con el anuncio de la próxima reunión de la Cámara de Diputados para el martes 10 de septiembre a las 11:00 horas.
Dentro de la agenda legislativa, se prevé que la tercera reforma constitucional del paquete de iniciativas del presidente López Obrador sea la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En cuanto a la reforma judicial, ya se encuentra en el Senado y ha sido turnada a comisiones para su discusión y eventual aprobación en el Pleno, que está programada para los días martes y miércoles.
La rapidez del proceso responde a la necesidad de que las reformas constitucionales sean ratificadas por al menos 17 congresos estatales. Una vez cumplido este requisito, el decreto será enviado al presidente López Obrador para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación antes de finalizar su mandato el 30 de septiembre.
