En medio de la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide parcialmente la reforma judicial recientemente aprobada, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reafirmó el compromiso del Senado con la enmienda constitucional y descalificó las acciones del máximo tribunal. El legislador anunció además que retiraba la solicitud presentada previamente para que la Corte sobreseyera los recursos que buscan frenar la reforma.
Según Fernández Noroña, la reforma judicial ya forma parte de la Constitución vigente, y la Cuarta Transformación (4T) no dará marcha atrás ante los amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad que se han presentado contra la reforma. En un contundente mensaje, el senador acusó a la SCJN de intentar desestabilizar el equilibrio de poderes y de actuar en contra de un mandato claro del pueblo mexicano: la elección popular de jueces, magistrados y ministros, prevista para el 2025.
“Es innegociable. No nos echaremos atrás en la elección de los juzgadores. No permitiremos que ocho personas pretendan estar por encima del pueblo. Eso sería condenar a México a una parálisis”, enfatizó Fernández Noroña en una rueda de prensa.
El legislador subrayó que la 4T está en pleno desarrollo y que el Senado estará listo para responder a cualquier intento de la SCJN de invalidar la reforma. “Es el colmo de la arrogancia y de la irresponsabilidad. La Constitución no es un instrumento a la medida de un puñado de ministros. Esto es un mandato del pueblo y lo haremos cumplir”, afirmó.
Además, Fernández Noroña reveló que un número considerable de jueces y magistrados han optado por no participar en el proceso de elección popular de 2025, señalando su desacuerdo o rechazo a la reforma. Ante ello, el presidente del Senado aseguró que estas renuncias serán declaradas improcedentes y que el proceso de reforma continuará sin excepciones, con miras a la elección de los nuevos jueces y magistrados en 2027.
El conflicto entre la 4T y la SCJN radica en los objetivos de la reforma judicial, que introduce cambios significativos en el sistema de justicia del país. Uno de los aspectos más controvertidos es la elección popular de jueces, magistrados y ministros, prevista para el primer domingo de julio de 2025. Los defensores de la reforma argumentan que esta medida busca democratizar el Poder Judicial, acercándolo a la voluntad del pueblo y reduciendo la influencia de las élites políticas sobre el sistema judicial.
Sin embargo, esta reforma ha generado fuertes oposiciones, principalmente desde la SCJN y diversos sectores que consideran que la elección popular de los jueces comprometería la independencia judicial, un principio fundamental del sistema democrático. La polémica sigue vigente y, mientras el Senado ratifica su postura de defensa, la SCJN continúa analizando los recursos legales que podrían frenar la reforma.
Fernández Noroña dejó claro que la reforma judicial es irrevocable para la 4T. “La 4T no cederá ni un milímetro ante intentos de frenar este proceso transformador. Que quede claro: el cambio ya comenzó y no hay vuelta atrás”, concluyó el legislador, reafirmando su posición en la defensa de un cambio estructural en el Poder Judicial que, según él, responde al clamor popular por una justicia más accesible y democrática.
