La audiencia para vincular a proceso a Marilyn Cote, acusada de amenazas, fue nuevamente suspendida en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula debido a que la imputada no se encontraba en condiciones de declarar. Esto ocurrió tras ingerir un medicamento que le provocó somnolencia, lo que generó controversia entre las víctimas, quienes consideran que la situación fue mal manejada por la jueza.
Al inicio del proceso, Cote alegó estar atravesando una crisis de ansiedad y reconoció no haber tomado sus medicamentos. Ante este reporte, la jueza decidió suspender la audiencia para que un médico evaluara su estado de salud y asegurara que sus derechos no fueran violados.
Sin embargo, cuando la audiencia se reanudó, Cote se encontraba visiblemente somnolienta y poco coherente. Ante la falta de respuesta clara de la imputada, la jueza permitió que su abogado tomara la palabra en su lugar, y decidió aplazar la audiencia hasta el 30 de enero de 2025.
La nueva suspensión ha generado malestar entre las víctimas, quienes aseguran que Cote no parecía estar en mal estado al llegar al tribunal. Además, señalaron que durante la pausa, un médico le administró citalopram, un medicamento conocido por causar somnolencia, especialmente si se toma durante el día, cuando su ingesta se recomienda en la noche.
Otro punto de conflicto fue que, tras el receso, las víctimas no pudieron ingresar a la sala, lo que aumentó su desconfianza en el manejo del caso.
Una de las víctimas mencionó que, al abandonar la Casa de Justicia, Cote estuvo cerca de atropellar a un transeúnte, lo que generó más inquietud entre las personas afectadas por las amenazas de la imputada.
El pasado 26 de diciembre, durante una audiencia, uno de los testigos relató que la imputada, en una fiesta de cumpleaños en un fraccionamiento donde ambos eran vecinos, amenazó con una pistola, asegurando ser una doctora de gran renombre y con licencia para portar armas. “Nos mandaba mensajes, nos amenazaba, tenía a todo el fraccionamiento asustado”, comentó una de las víctimas.
Los retrasos en el proceso judicial y la situación de salud de Cote han generado dudas sobre la transparencia y eficacia del sistema judicial. Las víctimas temen que la imputada esté utilizando su condición de salud como una táctica para prolongar su vinculación a proceso y evitar ser responsabilizada por sus acciones.
Este caso sigue siendo de gran interés público, y se espera una resolución pronta y justa que garantice los derechos tanto de la acusada como de las víctimas, sin que existan maniobras que alarguen innecesariamente el proceso.
