El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, anunció el inicio de una colaboración institucional con el Congreso del Estado para la creación de una iniciativa que regule el funcionamiento de los centros de rehabilitación, conocidos comúnmente como anexos. El objetivo central de esta propuesta legislativa es establecer un marco normativo que garantice el control operativo de estos espacios en toda la entidad.
De acuerdo con el funcionario, la medida responde a la necesidad de evitar que estos recintos sean utilizados como focos de reclutamiento por parte de organizaciones criminales. La autoridad de seguridad ha identificado que, ante la falta de una regulación estricta, algunos de estos centros pueden ser vulnerables a la infiltración de grupos delictivos que buscan captar a personas en situación de vulnerabilidad para integrarlas a sus actividades ilícitas.
Las mesas de trabajo entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Poder Legislativo se centrarán en definir requisitos técnicos, administrativos y de supervisión para los responsables de estos centros. Con este ordenamiento, se pretende que cada anexo cuente con un registro oficial y sea objeto de inspecciones periódicas que verifiquen tanto el trato a los internos como la legalidad de sus operaciones.
