La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 69/2024 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras confirmar que el personal médico del Hospital Rural del IMSS Bienestar en Villa Ávila Camacho “La Ceiba”, Xicotepec, Puebla, vulneró los derechos humanos de una mujer embarazada, resultando en la pérdida de su bebé.
Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2022, cuando la víctima acudió al hospital tras detectarse falta de líquido amniótico en un ultrasonido. A pesar de ello, fue ingresada a la sala de labor de parto sin recibir información adecuada sobre su estado de salud ni de su embarazo, situación que se prolongó por más de doce horas.
Fue hasta que un acompañante irrumpió en la Sala de Cuidados Intensivos que se enteraron de la trágica noticia: la mujer había perdido a su bebé debido a la falta de líquido amniótico, aspiración de meconio y una grave infección.
Tras una exhaustiva investigación, la CNDH determinó que la atención médica brindada fue inadecuada y que no se tomaron las medidas necesarias para prevenir la pérdida del bienestar fetal. Además, señaló que la atención fue proporcionada por personal médico residente y de servicio social, sin la debida supervisión especializada.
La Comisión concluyó que la atención médica constituyó violencia obstétrica e institucional, afectando gravemente tanto la salud física como psicológica de la víctima durante su embarazo y parto.
En virtud de estos hallazgos, la CNDH recomendó al IMSS reparar integralmente el daño causado a la víctima, incluyendo medidas de atención médica adecuada y atención psicológica. Asimismo, instó a impartir cursos especializados en derechos de las mujeres y personas gestantes al personal médico, y rediseñar los procesos de atención con perspectiva de género para evitar incidentes similares en el futuro.
Además, se recomendó al IMSS asegurar que el Hospital Rural cuente con especialistas en Ginecología y Obstetricia, así como con la infraestructura, materiales y medicamentos adecuados para garantizar la salud materna y fetal.
El IMSS tiene la responsabilidad de responder a esta recomendación conforme a lo establecido por la ley, buscando así prevenir futuros casos de violación de derechos humanos en sus instalaciones médicas.
