El gobernador señaló que la cancelación del contrato debe atenderse por la vía jurídica para evitar sanciones económicas
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que la concesión del servicio de agua potable a la empresa Agua de Puebla, otorgada durante gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), privilegió intereses privados sobre el interés público, y señaló que, aunque la empresa incumple con sus obligaciones, la posible cancelación del contrato debe atenderse por la vía jurídica para evitar sanciones económicas a los poblanos.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario estatal reiteró su compromiso de revisar a fondo el contrato de concesión y de poner fin a lo que calificó como “abusos” por parte de la empresa, pero siempre dentro del marco de la ley.
Concesión lesiva para los poblanos
Armenta aseguró que el contrato de concesión de Agua de Puebla fue diseñado para beneficiar a la empresa privada en detrimento de la población, lo que ha resultado en altas tarifas, mala calidad del servicio y desabasto recurrente en diversas zonas de la zona metropolitana.
“Esta concesión se otorgó en gobiernos del PAN, y desde su origen privilegió los intereses privados por encima del interés público. Los poblanos han pagado las consecuencias: recibimos un servicio malo, caro y con constantes cortes de agua”, señaló el gobernador.
Inversiones incumplidas
El mandatario estatal denunció que la empresa no ha cumplido con las inversiones comprometidas en el contrato de concesión, lo que ha derivado en un sistema de abastecimiento obsoleto y con fugas que generan pérdidas millonarias de agua potable.
“Agua de Puebla no ha invertido lo que debía invertir. El sistema de agua está deteriorado, hay fugas por todos lados y la empresa no ha mostrado la capacidad ni la voluntad para resolverlo”, afirmó.
Cancelación por la vía jurídica
A pesar de las críticas, Armenta fue cauto al señalar que la cancelación de la concesión no puede hacerse de manera unilateral ni por decreto, ya que ello podría derivar en costosas demandas y sanciones económicas en contra del estado.
“La cancelación del contrato debe atenderse por la vía jurídica. No podemos actuar de manera arbitraria porque eso nos llevaría a pagar indemnizaciones millonarias que saldrían del bolsillo de los poblanos. Hay que hacerlo bien, con la ley en la mano”, explicó.
El gobernador adelantó que ya se realizan estudios jurídicos y financieros para determinar el rumbo más viable, que podría incluir la rescisión del contrato por incumplimiento o una renegociación de los términos.
Acciones inmediatas
Mientras se define el futuro de la concesión, Armenta informó que su gobierno ya implementó medidas para mitigar el desabasto de agua, como la distribución gratuita del líquido mediante pipas en colonias vulnerables.
“Ya comenzamos con el reparto de agua con pipas en las zonas más afectadas. No vamos a dejar a la gente sin agua mientras resolvemos de fondo el problema de la concesión”, puntualizó.
Llamado a la ciudadanía
El mandatario hizo un llamado a los poblanos a mantenerse informados y a no caer en desinformación, asegurando que su gobierno actuará con transparencia y dentro del marco legal para garantizar el derecho humano al agua.
“No vamos a improvisar. Vamos a resolver este problema de raíz, pero con responsabilidad y sin afectar las finanzas del estado”, concluyó.
Se espera que en las próximas semanas el gobierno estatal dé a conocer avances en la revisión jurídica del contrato y las acciones que se emprenderán contra Agua de Puebla.
