La transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha generado un amplio debate en México. El Congreso de la Unión, con la mayoría de Morena y sus aliados (PT y PVEM), aprobó esta iniciativa, la cual fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero. Con esta reforma, la GN quedará bajo el control operativo y administrativo de la Sedena, tras el aval de 2/3 de las legislaturas estatales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Entre los defensores de esta medida, se encuentra el senador morenista Omar García Harfuch, quien argumentó que la incorporación de la GN a la Sedena fortalecerá y consolidará la institución en beneficio de la sociedad. Afirmó que la reforma no militariza al país, ya que la GN continuará trabajando de la mano con cuerpos civiles en investigaciones. Sin embargo, opositores como Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, han expresado su preocupación por el riesgo de militarización de la seguridad pública.
El debate en el Senado estuvo marcado por intervenciones acaloradas. Mientras que Ricardo Anaya del PAN acusó a Morena de realizar “maromas mentales” para negar la militarización del país, otros legisladores como Alberto Anaya del PT afirmaron que la GN necesita formar parte de la Sedena para ser más efectiva. En contraste, senadores de partidos de oposición argumentaron que esta reforma es un disfraz para ocultar la falta de resultados en seguridad.
A pesar de las críticas, el gobierno de AMLO ha sostenido que la reforma busca mejorar la seguridad pública del país. Defensores de derechos humanos y expertos han advertido sobre los riesgos de entregar el control de la GN a una institución militar, señalando que podría incrementar el poder de la Sedena, una dependencia con historial de opacidad en sus operaciones.
El proceso de discusión y votación en el Senado reflejó la profunda división entre los partidos políticos. Mientras algunos celebraron la reforma como una medida necesaria para pacificar el país, otros denunciaron que la medida representa un retroceso en la protección de los derechos humanos y las garantías individuales. Finalmente, con 86 votos a favor y 42 en contra, el Senado aprobó la reforma en lo general, dando un paso crucial para que la GN pase a estar bajo el control de la Sedena.
Ahora, el futuro de la Guardia Nacional queda en manos de las legislaturas estatales, quienes decidirán si ratifican la decisión del Congreso. De ser aprobada, esta reforma podría marcar un cambio significativo en la estrategia de seguridad pública de México, con implicaciones tanto en la lucha contra el crimen como en el debate sobre la militarización del país.
