El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUCOPO), Pavel Gaspar, informó que la creación de una nueva figura jurídica para combatir el acoso digital en la entidad estará sujeta a la demanda social y al consenso logrado en mesas de trabajo.
Esta declaración surge tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional el actual delito de “ciberasedio” por vulnerar principios de legalidad y libertad de expresión.
En respuesta al fallo judicial, se espera que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, encabezada por el diputado Mauricio Céspedes Peregrina, sesione en los próximos días para avalar la derogación formal del artículo 480 del Código Penal del Estado.
Esta iniciativa de derogación fue impulsada de manera conjunta por las legisladoras:
Susana Riestra Piña (PAN)
Esther Martínez Romano (PT)
Fedrha Suriano Corrales (Movimiento Ciudadano)
Las diputadas argumentaron que el marco legal actual carecía de claridad (taxatividad), lo que generaba incertidumbre jurídica. Además, propusieron la realización de foros de Parlamento Abierto para que especialistas, académicos y periodistas participen en la redacción de una nueva norma que proteja a las víctimas de acoso en redes sociales sin incurrir en censura.
De forma paralela, el bloque de legisladoras ha impulsado otras reformas de alto impacto social, como la tipificación de la cohabitación forzada como delito grave. Esta propuesta busca castigar con severidad a quienes obliguen o induzcan a menores de 18 años a uniones equiparables al matrimonio, reforzando la protección de la infancia y la dignidad de las mujeres en el estado.
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