El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que a partir del 7 de agosto, fecha en la que asumirá el poder, suprimirá la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, departamento que ha liderado las negociaciones con grupos armados ilegales. De la Espriella argumentó que su gobierno no tendrá “procesos de falsa paz” y que su objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte del “sistema de impunidad”.
En una intervención publicada en YouTube, el mandatario electo afirmó que las funciones de esta oficina serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa para evitar duplicidad y sobrecostos. También anunció la desaparición de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, cuyas funciones pasarán al futuro Comisionado Nacional de Seguridad.
Críticas a la JEP y a los exlíderes de las FARC
De la Espriella criticó duramente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a los antiguos integrantes de las FARC acogidos a ese sistema, en particular a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, de quien afirmó que “merece estar preso de por vida”. “Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes”, comentó.
Estas declaraciones se producen después de que, en septiembre de 2025, la JEP condenara a Londoño y a otros antiguos dirigentes de las FARC a ocho años de trabajos restaurativos en beneficio de la comunidad, la sanción máxima prevista en el acuerdo de paz firmado en 2016. De la Espriella argumenta que esta sanción es insuficiente para los crímenes cometidos por la guerrilla.
Contexto de la política de paz en Colombia
El presidente saliente, Gustavo Petro, lanzó al inicio de su mandato la política de “paz total”, basada en el diálogo con grupos armados para poner fin a la violencia. Sin embargo, durante los cuatro años de su gobierno no se logró firmar un acuerdo de paz con ninguno de los grupos armados ilegales. La decisión de De la Espriella representa un cambio radical en la política de paz de Colombia y abre un nuevo capítulo en la relación del Estado con los grupos armados y el proceso de justicia transicional.
