Las autoridades federales mexicanas confirmaron la desarticulación de una estructura operativa denominada “petrofactureros”, especializada en el contrabando de hidrocarburos bajo la modalidad de huachicol fiscal. Esta red operaba mediante la importación de combustibles declarados erróneamente como productos químicos o lubricantes ante las aduanas, con el objetivo de omitir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El esquema de operación consistía en la entrada de hidrocarburos al país a través de pedimentos de importación falsificados o alterados. Una vez que el combustible ingresaba al territorio nacional, la red utilizaba empresas fachada para emitir facturas legales que ampararan la posesión del producto, permitiendo su distribución en estaciones de servicio convencionales sin que se detectara su origen irregular.
Las investigaciones señalan que la organización contaba con una infraestructura logística que incluía terminales de almacenamiento y una red de transporte propia. Mediante la manipulación de los registros de volumen y la simulación de transacciones comerciales, los involucrados lograban introducir grandes cantidades de gasolina y diésel al mercado formal, generando una disparidad en la recaudación fiscal y una competencia desigual en el sector energético.
Como resultado de los operativos coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se procedió al aseguramiento de cuentas bancarias y la clausura de centros de almacenamiento vinculados a los petrofactureros. Las autoridades competentes han iniciado las carpetas de investigación correspondientes para determinar la responsabilidad jurídica de los representantes legales y operadores de las estaciones de servicio involucradas en la comercialización de este combustible.
