El Senado de la República aprobó hoy en lo general la reforma al Poder Judicial, tras su análisis y eventual ratificación por los legisladores.
La iniciativa contempla la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de 11 a 9, y la sustitución del Consejo de la Judicatura por un nuevo órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.
Reducción de la Corte
Se propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, con una duración en el cargo de 12 años, tres menos que el esquema actual. Además, se eliminarán las dos salas en que está dividida la Corte para operar únicamente en sesiones plenarias, las cuales serán públicas, eliminando la posibilidad de realizar sesiones privadas. Para aprobar sentencias, serán necesarios seis votos.
Respecto a los salarios, se estipula que las remuneraciones de los ministros y jueces no podrán superar las del Presidente de la República, además de eliminarse la posibilidad de que reciban pensiones vitalicias al concluir su mandato.
Ministros y jueces elegidos por voto popular
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Las elecciones se llevarían a cabo cada tres años, de forma concurrente con las elecciones federales, tanto presidenciales como legislativas. Los candidatos serán propuestos por partes iguales entre la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
De aprobarse la reforma en septiembre, la primera elección se realizaría en 2025, y los actuales ministros y jueces seguirán en sus cargos hasta que sus sucesores sean electos. La renovación de los ministros electos se hará de manera escalonada en 2033, 2036 y 2039, con el objetivo de renovar tres posiciones en cada elección posterior.
Creación de dos órganos regulatorios
La reforma transformará el actual Consejo de la Judicatura Federal en dos nuevos órganos: uno administrativo que gestionará el sistema judicial en su conjunto, y un Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos supervisarán también la labor de la SCJN. Además, se permitirá que cualquier persona o autoridad presente denuncias contra los jueces, magistrados y ministros.
Plazos para la resolución de conflictos
La reforma establece un plazo máximo de seis meses para resolver controversias judiciales. Si no se logra una resolución en este tiempo, el Tribunal de Disciplina investigará las razones del retraso y podrá aplicar sanciones. En el caso de procesos penales, se mantendrán los tiempos actuales de juicio: cuatro meses para penas menores a dos años de prisión y un año para penas mayores.
Aplicación en todo el país
La reforma también obliga a las entidades federativas a ajustar su legislación para garantizar la independencia de jueces y magistrados, quienes también serán electos por voto popular. Los estados tendrán 180 días para implementar estos cambios una vez promulgada la reforma.
El presidente López Obrador ha señalado que esta reforma no debilita al Poder Judicial, sino que lo fortalece al otorgarle mayor legitimidad popular, restableciendo la confianza ciudadana en las instituciones y combatiendo el desprestigio generado por algunos actores que han resistido el cambio en el país.
