El Gobierno Federal mantendrá bajo resguardo y protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el político sinaloense cuenta con un esquema de seguridad coordinado por las fuerzas federales tras haberse separado de su cargo constitucional.
Por otra parte, al ser cuestionada por los representantes de los medios de comunicación sobre si el senador de la República por el mismo estado, Enrique Inzunza Cázarez, goza de un protocolo similar, la jefa del Ejecutivo federal señaló que no dispone de esa información de manera inmediata.
La mandataria federal precisó que el despliegue de elementos para la custodia del exgobernador responde a los protocolos institucionales de evaluación de riesgo para exmandatarios y servidores públicos en entidades con dinámicas complejas de seguridad:
Sheinbaum Pardo validó que Rocha Moya mantiene asignado un equipo de protección por parte del gobierno federal (integrado por personal de las fuerzas armadas o la Guardia Nacional), garantizando su integridad tras su salida del Poder Ejecutivo local.
Respecto al legislador federal Enrique Inzunza, la presidenta aclaró de forma directa: “Desconozco si el senador solicitó protección”, sugiriendo que, de haber una petición, esta tendría que ser tramitada y evaluada a través de los canales correspondientes de la Secretaría de Gobernación o la mesa directiva del Senado de la República.
El anuncio de la presidenta ocurre en un contexto donde el Gobierno de México ha reforzado la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina en el estado de Sinaloa para pacificar las regiones afectadas por pugnas entre grupos de la delincuencia organizada, garantizando que las autoridades y representantes populares cuenten con las garantías necesarias para el ejercicio de sus funciones o transiciones políticas.
La administración federal reiteró que los mecanismos de protección para funcionarios y exfuncionarios se aplican bajo criterios técnicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), priorizando la estabilidad institucional de las regiones.
