La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otras siete personas por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos que habría ocasionado un daño al erario superior a los 4 mil millones de pesos.
De acuerdo con la FGR, un juez de control resolvió la vinculación a proceso tras una audiencia que se prolongó por más de 30 horas. Los imputados enfrentan cargos por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
La Fiscalía precisó que Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro y José Merino Valdés Cuervo fueron vinculados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
En tanto, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez fueron procesados por delincuencia organizada y contrabando. Por su parte, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén enfrentan cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva para Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”.
En el caso de José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, se determinó que permanezcan en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue internada en el Centro Penitenciario Nezahualcóyotl Sur.
La FGR informó que las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de los imputados, por lo que en una nueva audiencia se establecerán los plazos para la investigación complementaria.
De acuerdo con la investigación, la presunta red operaba a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V., fundada por Ruffo Appel. El esquema consistía, presuntamente, en declarar ante las aduanas únicamente el 10 por ciento del volumen real de combustible importado y hacer pasar los cargamentos como otros productos para evadir el pago de impuestos.
La Fiscalía también identificó a las empresas Ingemar, Servicios Portuarios Dragados y Puertos, y Crismon Hidrocarburos y Derivados como parte del presunto esquema financiero. Según la autoridad, los recursos eran transferidos entre estas compañías y empresas extranjeras mediante operaciones nacionales e internacionales para ocultar el origen ilícito del dinero.
La FGR rechazó que la detención y vinculación a proceso del exgobernador respondan a una persecución política o a una “cortina de humo”, como han señalado algunos sectores de la oposición y familiares del exmandatario. La institución sostuvo que las actuaciones se realizaron con apego a derecho y bajo criterios estrictamente jurídicos.
Por su parte, la defensa de Ernesto Ruffo Appel promovió un nuevo juicio de amparo para impugnar la orden de aprehensión, al argumentar presuntas irregularidades durante su detención, entre ellas un supuesto traslado forzoso, incomunicación y la falta de suministro de sus medicamentos.
