La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), de la Fiscalía General de la República (FGR), desplegará agentes del Ministerio Público Federal (MPF) en los 32 estados del país del 27 de mayo al 3 de junio para atender las denuncias ciudadanas relacionadas con la jornada electoral, en la que podrán votar más de 98 millones de mexicanos.
“El 2 de junio estarán en juego 20,708 cargos públicos, de los cuales 629 corresponden al ámbito federal, incluyendo la renovación del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. Esta elección puede clasificarse como una de las más grandes y complejas de nuestro país, y en este contexto, la FISEL juega un papel fundamental para procurar elecciones libres, limpias y justas”, afirmó el titular de la Fiscalía Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, ante el personal que estará presente en los estados.
Ortiz Pinchetti comentó que la institución cuenta con la capacidad operativa para atender incidencias relacionadas con delitos electorales, gracias al apoyo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), que supervisa las 32 fiscalías federales de la FGR.
Señaló que el despliegue ministerial es parte del trabajo coordinado con la FGR, y que más de 7,000 funcionarios públicos (ministerios públicos, oficiales ministeriales, policías ministeriales, peritos y analistas) han profundizado sus conocimientos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales para estar mejor preparados.
Además de atender las denuncias en los estados, Ortiz Pinchetti explicó que el personal de la FISEL realizará acciones de blindaje electoral, que incluyen el resguardo de inmuebles y vehículos oficiales del Gobierno Federal, así como su participación en las mesas de seguridad y paz locales.
También exhortó a la población a denunciar los delitos electorales a través de los Sistemas de Atención Ciudadana: FISENET (www.fisenet.fgr.org.mx) y FISETEL (800 833 7233).
Entre los delitos electorales que se deben denunciar se encuentran la compra o coacción del voto, la retención injustificada de credenciales para votar, el uso indebido de recursos públicos federales, el uso de programas sociales federales con fines político-electorales, y hacer proselitismo el día de la jornada electoral.
Otras conductas sancionables incluyen la destrucción de material electoral, impedir la instalación o clausura de casillas, introducir o sustraer urnas o boletas electorales, modificar o alterar documentos electorales oficiales, y el acarreo de votantes el día de las elecciones que influyan en el sentido del voto.
