El gobierno del estado de Puebla ha concluido la investigación sobre el caso de los 600 millones de pesos del presupuesto público invertidos en el banco Accendo en 2021, confirmando que los funcionarios involucrados cometieron desvío de recursos y encubrimiento.
Este martes, el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, anunció que la revisión del caso ha finalizado con el dictamen emitido por un especialista contratado por la administración estatal.
“La autoridad investigadora ha remitido a la autoridad sustanciadora la calificación de las faltas, encontrándose dos faltas catalogadas como graves: desvío de recursos y encubrimiento”, detalló en una conferencia de prensa.
El proceso de responsabilidad administrativa comenzará ahora, con la convocatoria a los presuntos responsables para que presenten su defensa.
Aunque no se han revelado públicamente los nombres de los implicados, María Teresa Castro Corro, quien renunció a la Secretaría de Finanzas en junio de 2023, estuvo al frente cuando se realizó la inversión en el Banco Accendo en junio de 2021, tres meses antes de su quiebra y proceso de liquidación.
En abril de 2023, Castro Corro informó sobre la inversión de 600 millones de pesos, asegurando que esos recursos estaban disponibles y no comprometidos, justificando la decisión de invertir en dicha institución durante la administración de Miguel Barbosa Huerta.
Cuando el Banco Accendo quebró, tenía entre sus clientes a estados y municipios, incluyendo al estado de Puebla.
En noviembre de 2023, Josefina Morales Guerrero, actual secretaria de Planeación y Finanzas, confirmó que se estaba auditando la gestión de Castro Corro para rastrear los movimientos relacionados con Accendo.
En enero de 2024, Morales Guerrero anunció que el área jurídica había presentado denuncias correspondientes ante autoridades locales y federales contra los ex funcionarios estatales implicados en la inversión de 600 millones de pesos en Accendo Banco.
