Diversos juzgados federales han concedido suspensiones provisionales a favor de estudiantes de posgrado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que se encuentran en el Reino Unido, ordenando la reanudación inmediata de los pagos de sus becas. La resolución judicial responde a una serie de amparos interpuestos por los becarios tras la suspensión de los recursos destinados a su manutención y colegiaturas en la Queen Mary University of London, situación que ha dejado a cerca de 50 alumnos en condiciones de vulnerabilidad económica desde finales de marzo.
El conflicto se originó tras la ruptura de un convenio entre el IPN y la Fundación Politécnico A.C., organismo privado encargado de administrar una bolsa de aproximadamente 200 millones de pesos destinada a estos apoyos. Mientras la Fundación notificó a los estudiantes sobre el cese del financiamiento alegando falta de suficiencia presupuestaria, la dirección del IPN se deslindó de la responsabilidad, señalando que la retención de los fondos es una decisión unilateral de la asociación civil y no una carencia de recursos institucionales.
Ante el vencimiento de los plazos para cubrir gastos básicos de vivienda y alimentación, los estudiantes emitieron un comunicado exigiendo una respuesta inmediata tanto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como de las autoridades politécnicas. Los afectados señalaron que la interrupción de los pagos compromete su estancia legal en el Reino Unido y su continuidad académica, subrayando que las instituciones involucradas deben garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos al otorgarles las becas de excelencia.
Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que la dependencia mantiene una coordinación permanente con el Instituto Politécnico Nacional para resolver el diferendo administrativo con la Fundación. El funcionario indicó que se atenderán las demandas de los becarios para asegurar que concluyan sus estudios, mientras que el IPN reiteró que buscará mecanismos legales para recuperar el control de las aportaciones voluntarias y evitar que intereses particulares afecten la formación de sus alumnos en el extranjero.
