La secretaria del Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, fijó su postura respecto a la intención del Ayuntamiento de Puebla de aplicar sanciones económicas y administrativas a quienes realicen la pinta de bardas con fines de promoción política o comercial en la capital.
Señaló que, si bien cualquier orden de gobierno debe actuar con firmeza, el primer paso indispensable es corroborar el marco competencial de las normativas municipales para evitar controversias jurídicas. Sin embargo, validó que la Comuna actúe en beneficio del orden urbano.
Al ser cuestionada por los medios de comunicación sobre las medidas recaudatorias y de control que pretende implementar la autoridad municipal, García Chávez dividió su postura en dos ejes técnicos:
Subrayó la importancia de analizar a fondo el Código Reglamentario Municipal (Coremun) y las leyes estatales vigentes para asegurar que el ayuntamiento cuente con las atribuciones legales exactas para emitir dichas multas, garantizando que el procedimiento sea limpio y no violente derechos ciudadanos o políticos.
“Primero se deben revisar las facultades legales; sin embargo, la autoridad está en su derecho de aplicar la ley”, puntualizó Laura Artemisa, sugiriendo que la reglamentación debe ser clara para todos los actores sociales y políticos, especialmente con miras a los futuros procesos institucionales.
