La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió la tarde del martes 20 de agosto la declaratoria formal de suspensión de actividades en todos los órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial de la Federación, después de que los trabajadores iniciaran un paro de actividades el lunes 19 de agosto.
Este paro se produce como respuesta a la propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye, entre otros puntos, la elección de jueces y magistrados mediante voto popular. Los trabajadores iniciaron un paro nacional indefinido para impedir la aprobación de esta reforma.
Tras la clausura simbólica de sedes del Poder Judicial en cerca de 16 estados del país, magistrados y jueces federales aprobaron unirse al paro nacional a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto, con mil 202 votos a favor y 201 en contra.
La suspensión de actividades afectará los siguientes órganos jurisdiccionales:
- Plenos regionales
- Tribunales colegiados de circuito
- Tribunales colegiados de circuito auxiliares
- Tribunales colegiados de apelación
- Juzgados de distrito
- Juzgados de distrito auxiliares
- Tribunales laborales federales
- Centros de justicia penal federal
- Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estarán excluidos de esta suspensión indefinida de labores, según el comunicado oficial.
El documento emitido por los juzgadores federales (JUFED) refleja la voluntad de la mayoría de magistrados, jueces, secretarios y otros funcionarios que participaron en la votación del lunes 19 de agosto.
La suspensión de actividades comenzará a partir de las cero horas del miércoles 21 de agosto de 2024 y se mantendrá hasta que se satisfagan las demandas de los trabajadores, que incluyen detener el proceso de reforma debido a sus múltiples imperfecciones y proponer una nueva reforma que aborde las causas estructurales que afectan la calidad de la justicia.
Además, se exige la instalación inmediata de una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión para negociar los acuerdos necesarios y asegurar su implementación.
Finalmente, la JUFED subrayó que esta declaratoria de suspensión indefinida de labores es de carácter pacífico y no puede ser considerada un delito, causal de juicio político ni causa de responsabilidad administrativa, ya que su propósito es defender el Estado de Derecho y la independencia judicial.
