El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó este lunes denuncias formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y diversas fiscalías estatales por el fallecimiento de 17 mexicanos en circunstancias relacionadas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) .
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las acciones legales responden a muertes ocurridas desde el 20 de enero de 2025, fecha del retorno de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. De estos casos, siete se han registrado durante el presente año 2026 .
Entre los expedientes, las causas de muerte documentadas incluyen al menos seis fallecimientos por complicaciones médicas y presunta negligencia, cuatro suicidios, tres incidentes durante arrestos, y otros dos que permanecen bajo investigación . Los casos documentados incluyen el de José Guadalupe Ramos Solano, quien falleció en el centro de detención de Adelanto, California, tras permanecer casi un mes con niveles de glucosa superiores a 600 mg/dL sin recibir atención hospitalaria .
Postura de autoridades estadounidenses
La mandataria señaló que el canciller Roberto Velasco Álvarez sostuvo comunicación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para transmitir la preocupación del gobierno mexicano. Sheinbaum afirmó que el diplomático estadounidense se mostró “muy perceptivo” ante las inquietudes por presuntas violaciones a los derechos humanos en centros de detención y durante operativos migratorios .
Llamado a la unidad nacional
Sheinbaum extendió un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente y a todas las fuerzas políticas para manifestar su rechazo a estas situaciones y solicitar información oficial sobre los abusos. “No creo que a nadie le parezca bien esta situación. Es un asunto de todas y de todos los mexicanos”, expresó la presidenta .
El gobierno mexicano ha enviado previamente 11 notas diplomáticas de protesta para solicitar el esclarecimiento de cada caso. Adicionalmente, se contempla la presentación de acciones civiles contra empresas que administran centros de detención del ICE
