La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío de una nueva iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión con el objetivo de aplazar la segunda etapa de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, moviendo la fecha original programada para 2027 hacia el domingo 4 de junio de 2028.
La jefa del Ejecutivo Federal explicó que, tras una evaluación exhaustiva coordinada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, se determinó que la coincidencia de los comicios judiciales con las elecciones intermedias ordinarias representaría una complejidad operativa desmedida tanto para los organismos electorales como para la ciudadanía al momento de emitir su voto.
“Va a ser muy difícil que en 2027 se vote por todo”, reconoció la mandataria federal durante su conferencia de prensa matutina, al argumentar que el criterio central de la modificación no responde a un tema presupuestal, sino a garantizar la viabilidad técnica y la facilidad del ejercicio democrático en las casillas.
La propuesta de reprogramación busca corregir las deficiencias logísticas identificadas y evitar un escenario de saturación en las urnas debido a la magnitud de los cargos en disputa:
En 2027, el país enfrentará de manera ordinaria la renovación total de la Cámara de Diputados, además de comicios locales para relevar 17 gubernaturas, 30 congresos estatales y alcaldías en la mayor parte del territorio nacional.
De mantenerse el diseño previo, un solo ciudadano habría tenido que recibir decenas de boletas simultáneas para sufragar por representantes políticos y, al mismo tiempo, por cientos de aspirantes a juzgadores federales y locales.
La ampliación del plazo al 2028 permite distanciar las campañas de los partidos políticos de la elección judicial, donde la intervención de las fuerzas partidistas se encuentra estrictamente prohibida por la ley.
Reducción de candidaturas y nuevos filtros de evaluación
Además del cambio de fecha, la iniciativa firmada por la presidenta introduce modificaciones sustanciales para perfeccionar la selección de los perfiles que aparecerán en las boletas, endureciendo los requisitos formales:
La reforma plantea una reducción drástica en el número de postulaciones finales; por ejemplo, las candidaturas disponibles para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajarán de 81 a solo 54 opciones.
Se propone la creación de un órgano colegiado integrado por los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión. Esta instancia se encargará de homologar los criterios de selección e implementar exámenes obligatorios de conocimientos jurídicos para asegurar la excelencia de los aspirantes y evitar perfiles improvisados.
