El estado de Puebla registró un máximo histórico en materia de precarización laboral al contabilizar 2 millones 176 mil 821 trabajadores en el empleo informal durante el primer trimestre de 2026. Esta cifra representa el volumen más alto de informalidad reportado en la entidad en los últimos 21 años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El reporte técnico detalla que la población sin acceso a seguridad social ni prestaciones de ley en el estado creció un 0.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que se traduce en 6 mil 683 poblanos más que se sumaron a las filas de la economía informal en el último año.
Sector servicios concentra el grueso de la informalidad
La radiografía económica presentada por el Inegi revela que la falta de contratos formales afecta de manera diferenciada a los motores productivos de la entidad poblana:
Sector terciario (Servicios y comercio): Se consolidó como la actividad con mayor rezago de formalidad, al registrar a 1 millón 766 mil 898 empleados sin protección institucional.
Sector secundario (Industria y construcción): Las manufacturas y los esquemas de obra civil ocuparon el segundo peldaño, concentrando a 787 mil 783 personas que laboran al margen del marco legal de prestaciones.
El estudio destaca además que el 36.1 por ciento de la población ocupada en Puebla subsiste dentro del sector informal microbásico, es decir, en unidades económicas que operan exclusivamente con recursos del hogar y no están constituidas formalmente como empresas.
Tasa de informalidad escala al 70.9% y lidera subocupación crítica
Con estos indicadores, la tasa de informalidad laboral en Puebla se ubicó en un alarmante 70.9 por ciento respecto al total de su población ocupada, manteniéndose como uno de los focos rojos de la agenda económica a nivel nacional.
Asimismo, la ENOE encendió las alertas al posicionar a Puebla en el segundo lugar nacional en tasa de condiciones críticas de ocupación con un 46.2 por ciento, superando a entidades como Tlaxcala, Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas. Este indicador mide a la población que trabaja menos horas de las que desearía, que labora jornadas excesivas con ingresos inferiores a los de la ley o que se encuentra retenida en empleos con remuneraciones extremadamente bajas, exponiendo el severo reto de calidad laboral que enfrenta la gestión pública actual.
