El coordinador de Gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra, informó que la reforma a la Ley de Obra Pública otorga nuevas facultades a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como a los ayuntamientos, para revisar y fortalecer el padrón de contratistas, con el objetivo de garantizar que solo empresas aptas y en regla participen en los procesos de licitación.
Durante su intervención en la conferencia matutina, el funcionario explicó que con esta reforma las autoridades podrán:
Revisar y depurar el padrón de contratistas para asegurar que cumplan con todos los requisitos legales y fiscales
Negar la revalidación a constructoras que presenten documentación falsa o apócrifa
Dar vista a las autoridades correspondientes para que se inicien los procedimientos legales en caso de detectarse irregularidades
“Con esta reforma fortalecemos la transparencia y la legalidad en los procesos de obra pública, garantizando que solo empresas con solvencia moral y legal participen en los proyectos del estado”, señaló García Parra.
El coordinador de Gabinete destacó que la medida forma parte de la estrategia del gobierno estatal para combatir la corrupción y la impunidad en la contratación pública, alineada con el llamado del gobernador Alejandro Armenta a los empresarios para transparentar su situación fiscal ante el SAT y el IMSS.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dependencia encargada de coordinar estas acciones, ya ha emitido invitaciones a empresas y profesionales de la construcción para inscribirse en el Listado de Contratistas, requisito indispensable para participar en los procesos de obra pública del estado . La reforma también refuerza la coordinación con los municipios, quienes ahora cuentan con mayores atribuciones para supervisar a las constructoras que operan en sus demarcaciones.
Cabe recordar que el anuncio se da luego de que el gobernador Armenta ordenara una revisión inmediata de contratos con una empresa vinculada al presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, en el marco de las acciones para blindar al estado contra la impunidad y garantizar que ninguna dependencia mantenga vínculos con personas o empresas involucradas en actividades ilícitas.
