Aprobar la reforma al Poder Judicial sin realizar mejoras provocará un caos severo en el sistema judicial, ya que existen miles de expedientes abiertos y la remoción abrupta de cerca de 10 mil juzgadores y colaboradores afectaría directamente a las personas, advirtió Rosa Elena Alonso, directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal y presidenta de Justicia Independiente.
Durante una conferencia de prensa en el Senado, Alonso reiteró que los juzgadores y colaboradores están preparados para un paro de actividades si los diputados de Morena no modifican la reforma.
“Hemos observado con preocupación que la mayoría de los legisladores han adoptado una postura inflexible y rechazan la opinión de la sociedad civil, la academia y la Judicatura, a pesar de que se han señalado múltiples defectos en la iniciativa. Esto es una mala señal para la República”, afirmó.
Juzgadores, secretarios, actuarios y oficiales están uniendo fuerzas para hacer escuchar su voz en las tribunas donde se debatirá la reforma. “Somos nosotros quienes trabajamos en los tribunales”, enfatizó.
La suspensión de labores sería la última medida a considerar, empleándola únicamente con el objetivo de lograr una reforma integral que cuente con el máximo consenso entre las mayorías legislativas y los actores sociales. “Por ello, hemos comenzado a planificar y ejecutar los pasos necesarios para decretarla si se vuelve indispensable”, subrayó Alonso.
Explicó que la reforma al Poder Judicial socava la independencia judicial, que es la garantía para los ciudadanos de que quienes los juzguen resolverán los litigios con base en la ley. “Esta reforma debilita el estatuto de quienes trabajamos en los tribunales y minimiza el sistema de permanencia y ascensos basados en la carrera judicial, la calificación técnica, la irreductibilidad del salario y los haberes de retiro”, señaló.
Alonso alertó que la reforma plantea la creación de tribunales sin independencia ni garantía de imparcialidad, y empleados judiciales sin vocación, sin conocimiento profundo del sistema normativo, y posiblemente comprometidos con intereses predeterminados.
Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, informó que la reforma implica la sustitución de más de mil 700 personas de un solo golpe. “Si hablamos de esta sustitución, también podrían salir personal de confianza. En el caso de los magistrados, por cada uno de ellos hay aproximadamente cuatro proyectistas, y por cada juzgador, siete proyectistas. Esto podría llevar a la sustitución de miles de personas más”, añadió.
Mancera subrayó que los trabajadores tienen el derecho de luchar por mantener la carrera judicial y su estabilidad laboral, en beneficio propio y de sus familias.
