jueves, abril 23, 2026

Secretaría Anticorrupción investiga estancia de hijo de Marcelo Ebrard en Embajada de Londres

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este jueves que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación de oficio en torno a la residencia de Marcelo Patrick Ebrard Ramos en la sede diplomática de México en el Reino Unido. La mandataria señaló que, ante las solicitudes y quejas presentadas, la ley mandata la apertura automática de un expediente para determinar si la permanencia del hijo del actual Secretario de Economía en dichas instalaciones constituyó alguna falta administrativa o jurídica.

Los hechos bajo investigación refieren a un periodo de aproximadamente seis meses entre 2021 y 2022, tiempo en el cual el hijo del entonces Canciller habitó en la residencia oficial en Londres. De acuerdo con reportes periodísticos y denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), la estancia habría incluido el uso de servicios de la embajada como personal de limpieza, cocina y mayordomía, sin que el residente contara con un cargo oficial en el servicio exterior mexicano.

Al respecto, Marcelo Ebrard Casaubón reconoció públicamente la estancia de su hijo en la sede diplomática, argumentando que se trató de un ofrecimiento personal de la entonces embajadora Josefa González-Blanco para que el joven pudiera realizar estudios de neurociencia durante la pandemia de COVID-19. El funcionario rechazó que se hayan utilizado recursos públicos de manera indebida y calificó la situación como un gesto de apoyo familiar ante las restricciones sanitarias de la época, subrayando que la conducta de su familiar fue intachable durante el periodo señalado.

La presidenta Sheinbaum evitó emitir una postura personal sobre los argumentos del Secretario de Economía, limitándose a señalar que el objetivo de la indagatoria es revisar el cumplimiento de las normas vigentes. Asimismo, planteó la posibilidad de emitir lineamientos específicos para regular el uso de las embajadas y residencias diplomáticas en el futuro, con el fin de establecer criterios claros sobre la estancia de personas ajenas a la función pública en inmuebles propiedad del Estado mexicano.

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