Sheinbaum exige pruebas a EE. UU. ante acusaciones contra funcionarios mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó una postura contundente respecto a los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria rechazó que el gobierno de México deba limitarse a las opciones tradicionales de detener, extraditar o simplemente no actuar. En su lugar, planteó una “cuarta vía” fundamental para la soberanía nacional: la exigencia de pruebas sólidas y verificables antes de proceder con cualquier orden de aprehensión.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum cuestionó la consistencia de los documentos presentados por las autoridades estadounidenses, describiéndolos como meros relatos basados en testimonios de terceros sin sustento material. La presidenta mostró ejemplos de las supuestas evidencias —consistentes en listas de pagos informales— y advirtió que bajo el actual sistema penal acusatorio de México, no es posible girar órdenes de arresto basándose únicamente en “dichos” o “inventos”, sino que se requieren datos de prueba irrefutables que acrediten la responsabilidad de los señalados.
La titular del Ejecutivo Federal enfatizó que su administración no busca proteger a ninguna persona que haya cometido un delito, pero subrayó que, si no existen pruebas claras, las imputaciones adquieren un matiz político y de intromisión extranjera. En este sentido, reiteró que la justicia mexicana no actuará por consigna de gobiernos externos, defendiendo el debido proceso y la presunción de inocencia como pilares de la relación diplomática, la cual debe basarse en la colaboración y no en la injerencia.
Finalmente, la presidenta informó que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará sus propias investigaciones para determinar si existen fundamentos legales reales que respalden las acusaciones de narcotráfico vertidas desde Nueva York. Al mantener esta postura firme, Sheinbaum busca marcar una línea de respeto a la legislación nacional, exigiendo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envíe evidencias contundentes si pretende que los procesos de extradición solicitados sigan su curso legal en territorio mexicano.