En los últimos 30 años, el Gran Bosque de Agua ha perdido cerca del 40 por ciento de su extensión a causa de la tala ilegal, de acuerdo con reportes de autoridades ambientales. Este corredor forestal abarca alrededor de 235 mil hectáreas en la zona centro del país y conecta áreas naturales de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos.
El bosque cumple un papel esencial al proveer servicios ambientales a unos 25 millones de habitantes de 37 municipios y alcaldías, entre ellos la captación de agua, la regulación del clima y la conservación de la biodiversidad.
La extracción clandestina se concentra en especies como pino, oyamel, ceiba y caoba, cuya madera es altamente demandada en mercados irregulares. En municipios como Huitzilac, en Morelos, la actividad se ha vuelto un problema crítico, al grado de que grupos de talamontes operan de manera violenta.
Pese a los operativos en los que se han clausurado aserraderos ilegales y detenido a responsables, la presión sobre los bosques continúa. En un operativo reciente, realizado en Ocuilan, Estado de México, fueron aseguradas toneladas de madera equivalente a cerca de mil árboles y se logró la detención de tres personas.
Ante esta situación, los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos firmaron un convenio de colaboración para proteger el Gran Bosque de Agua. Una de las medidas propuestas es que el área sea declarada “reserva hídrica de seguridad nacional”, lo que reforzaría su protección legal y garantizaría su preservación a largo plazo.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población para denunciar de manera anónima cualquier actividad de tala ilegal y así fortalecer la defensa de este ecosistema, considerado el principal pulmón verde y fuente de agua para la región metropolitana.
