El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su amenaza de imponer sanciones comerciales si los gobiernos de México y Canadá no garantizan la reducción del tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal por sus fronteras. Esta advertencia fue desestimada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó que no creía que la medida se concretara.
Ayer, medios estadounidenses difundieron una supuesta Orden Ejecutiva firmada por Trump, en la que se señala que las organizaciones narcotraficantes mexicanas son las principales responsables del tráfico mundial de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas ilícitas, y que estas mantienen lo que él considera una “alianza intolerable” con el gobierno de México.
El documento de la Orden Ejecutiva establece que todos los productos provenientes de México estarán sujetos a una tasa arancelaria adicional del 25%, que se sumará a otros aranceles, cuotas o cargos aplicables a los artículos importados. Aunque este arancel aún no entra en vigor, la orden especifica que comenzará a aplicarse a partir de las 12:01 horas del 4 de febrero, es decir, el próximo martes.

Trump también dejó claro que, en caso de que México decida tomar represalias por las sanciones, podría “incrementar o ampliar el alcance de los aranceles impuestos”.
Respecto a las condiciones para levantar estos aranceles, hasta el momento no se sabe cuál será la respuesta del gobierno mexicano, pero la presidenta Sheinbaum aseguró que se implementará un plan de medidas tanto arancelarias como no arancelarias en defensa de los intereses nacionales.
La solución propuesta por Trump sería que su gobierno determine que se han tomado “medidas suficientes” para abordar la crisis de la migración ilegal y el tráfico de drogas, lo cual dependerá de la cooperación de México. Para evaluar si se están cumpliendo las expectativas del gobierno estadounidense, el secretario de Seguridad Interior se reunirá regularmente con otros funcionarios clave para revisar los avances en la frontera entre ambos países.
Además, el decreto permite que estos funcionarios recomienden acciones adicionales si consideran que México no ha tomado las medidas necesarias para resolver las crisis.







