La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 118/2025 dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), tras acreditar que dichas dependencias vulneraron los derechos de una trabajadora a una vida libre de violencia y al trabajo digno.
El caso se remonta al 8 de enero de 2025, cuando la CNDH recibió una queja de la entonces coordinadora general de Centros Penitenciarios del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS). La funcionaria denunció haber sido cesada injustificadamente tras la fuga de un interno del Cefereso 1.
Aunque sus funciones eran exclusivamente administrativas y no tenía presencia física en el penal al momento de la evasión, la Segob decidió removerla de su cargo. Más tarde, la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) inició una averiguación previa irregular que derivó en su consignación y encarcelamiento por el delito de evasión de presos.
De forma paralela, la extinta Secretaría de la Función Pública —actual Secretaría Anticorrupción— la inhabilitó por diez años para ocupar cargos públicos.
La CNDH acreditó que la afectada fue la única mujer funcionaria de alto nivel sancionada, mientras que otros servidores de igual o mayor jerarquía, todos hombres, no fueron procesados ni removidos. El organismo concluyó que esto constituye un caso de violencia institucional por razones de género.
Medidas de reparación ordenadas
Como parte de la Recomendación, la CNDH instruyó a las dependencias a:
• Implementar una campaña audiovisual para prevenir y visibilizar la violencia institucional contra las mujeres.
• Designar personal de alto nivel que supervise el cumplimiento de la Recomendación.
• Emitir circulares para que directivos se abstengan de repetir conductas similares y respeten la normatividad en materia de derechos humanos.
De manera particular, la Segob deberá ofrecer una disculpa pública a la víctima mediante un acto de reconocimiento de responsabilidad institucional.
Por su parte, la Secretaría Anticorrupción tendrá que garantizar que la afectada pueda retomar un cargo en la administración pública federal, si así lo decide.
La Recomendación 118/2025 ya fue notificada oficialmente a las instituciones involucradas, informó la CNDH.
